Las recientes elecciones hondureñas introdujeron muchas dudas acerca de la seguridad del sistema de procesamiento de datos, hecho que fue denunciado tanto por la oposición como por organizaciones internacionales. Los opositores a la reelección de Juan Orlando Hernández han hecho valer su derecho constitucional a la desobediencia civil y han salido a las calles a denunciar fraude electoral y violaciones de la Constitución, en el contexto represivo abierto con el golpe de Estado de 2009 y continuado desde entonces. La corrupción, la impunidad y la violencia constituyen el combustible para una intensa indignación popular.
Pero la suspensión de la energía eléctrica y las caídas del sistema informático por varias horas provocaron la desconfianza e indignación de la ciudadanía, especialmente cuando el propio Tribunal anunció que la tendencia se había revertido y que el ganador era entonces el presidente, Juan Orlando Hernández, candidato a la reelección por el Partido Nacional. Los seguidores de la Alianza de Oposición salieron a las calles a denunciar el fraude que se realizaba en el tse y recibieron como respuesta oficial el establecimiento de un toque de queda desde las seis de la tarde a las seis de la mañana y el despliegue de las fuerzas armadas, la Policía Militar del Orden Público y la Policía Nacional con órdenes de reprimir a los manifestantes. El saldo fue la muerte de 34 civiles que ejercían el derecho constitucional a la desobediencia civil.
El contexto nacional
En Honduras existe la prohibición constitucional de la reelección presidencial, con penas muy severas para quienes la promuevan. La única posibilidad de impulsarla es mediante una consulta popular y con previa aprobación de la reforma constitucional por el Congreso Nacional en una legislatura y ratificación en la siguiente. Nada de esto se hizo para que el actual presidente pudiera participar en las elecciones del 26 de noviembre y de hecho, cuando en 2009 el presidente Zelaya Rosales (2006-2010) intentó impulsar ese proceso, lo castigaron con un golpe de Estado que lo sacó del poder y del país, acusado de querer violentar la Constitución de la República y de intentar reelegirse para un nuevo periodo presidencial.
Esto fue ratificado por el tse, que selló de esa manera la violación de la Constitución de la República, frente al silencio de las mismas fuerzas que habían avalado el golpe de Estado de 2009 en circunstancias similares: fuerzas armadas, cúpulas religiosas, dueños de medios de comunicación, líderes de gremios empresariales y Congreso Nacional (controlado también por el partido de gobierno).
El control de los magistrados del tse, y particularmente de su presidente, ha sido fundamental en este proceso electoral, al igual que en los anteriores: el tse está conformado por un representante de cada uno de los dos partidos tradicionales de Honduras, el Liberal y el Nacional, que se disputaron las elecciones desde 1980, más un representante de la Democracia Cristiana, un minúsculo partido que saca una cantidad reducida de votos, pero que siempre es el aliado incondicional del partido mayoritario en el Congreso Nacional. Por otro lado, la situación de la representación en el tse no se modificó pese a la aparición de dos partidos nuevos que en las elecciones de 2013 quedaron en segundo lugar (Libre) y en cuarto lugar (pac). De esta manera se evidenció, una vez más, el «pacto de gobernabilidad» entre los partidos tradicionales que hizo que el presidente del tse fuera un incondicional del presidente de la República, al igual que sus otros dos integrantes, dispuestos siempre a negociar.
Por todos es conocida la escasa legitimidad del tse, tanto en las elecciones primarias de los partidos como en las elecciones generales. Siempre ha existido manipulación de resultados electorales, de común acuerdo entre los dos partidos tradicionales y el tse: ahí se ha decidido cuándo se deja de contar las actas; cuándo se «aumenta» la cantidad de personas que acuden a votar, para minimizar el abstencionismo –como ocurrió en las elecciones de 2009, en pleno golpe de Estado, cuando la resistencia hizo un llamado a no votar–; en cuánto se reducen los votos nulos; cómo se concede una mayor cantidad de votos a candidatos claves de ambos partidos e, inclusive, se negocian los números de diputados o alcaldes de uno u otro partido. Un aspecto central en estos procesos es el control del sistema electrónico de procesamiento de actas electorales: es allí donde se produce la manipulación técnica de resultados que ya contienen vicios de las etapas previas. Es en el control manipulador del sistema de procesamiento donde está la clave y es eso, precisamente, lo que por primera vez adquirió visibilidad internacional y obligó a los observadores a concentrarse en lo que no suele mirarse cuando se producen elecciones en Honduras (y en muchos otros países).
El otro elemento que jugó un papel clave en estas elecciones fue la existencia de un nuevo actor político, la Alianza de Oposición, que no estaba en el circuito negociador del tse, con el agravante de que constituía una de las dos fuerzas políticas de mayor beligerancia, porque el Partido Liberal sigue relegado y pagando el costo político de haberle hecho un golpe de Estado a un presidente surgido de sus propias filas y de haber sido un aliado incondicional del Partido Nacional en la toma de decisiones en el Poder Legislativo.
El contexto internacional
Como suele suceder, las elecciones hondureñas fueron observadas por misiones internacionales entre las que se destacaron la de la Organización de Estados Americanos (oea) y la de la Unión Europea, invitadas por el propio gobierno con la intención de conseguir legitimación internacional. Pero esta vez las condiciones poselectorales y las acciones poco convencionales tomadas por el tse forzaron a las misiones a adoptar un papel más beligerante a favor de la transparencia de los resultados, presionadas por la oposición. Ante las denuncias y demostraciones de la manipulación técnica de los datos, la oea, por ejemplo, se vio obligada a traer a un experto de la Universidad de Georgetown para analizar la confiabilidad de los resultados, al que se sumó un equipo de profesores de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ambos equipos concluyeron, por separado, que «sobre la base de este análisis, se rechaza la proposición de que el Partido Nacional ganara legítimamente las elecciones»
La certeza ciudadana de la existencia de un gran fraude electoral, tal como lo habían anunciado desde la articulación de la Alianza de Oposición, y la constatación de que nuevamente el gobierno se saldría con la suya, burlando la voluntad de los electores que acudieron a votar de forma masiva, pacífica y esperanzada, motivaron la salida a las calles para ejercer el derecho constitucional a la «desobediencia civil a un gobierno usurpador». La interrupción momentánea de las protestas por las festividades de Navidad y Año Nuevo solo dio un momento para la articulación de una estrategia de lucha que no presagia nada alentador para el país. La comunidad internacional ha ido reconociendo de forma cautelosa a Hernández. Desde Honduras, con gran parte de la ciudadanía indignada por la corrupción, la impunidad, la violencia y el fraude electoral, se sigue acumulando ese sentimiento de indefensión que se arrastra desde hace mucho tiempo, a la espera del momento propicio para estallar en un contexto nacional e internacional plagado de cinismo, pragmatismo y servilismo. Mientras la situación social se perfila grave para el primer año de gobierno ilegal, por los antecedentes expuestos, la situación política en el Congreso se perfila igualmente difícil, en tanto el partido de gobierno está cerca de la mayoría simple.
